El crecimiento del comercio ilícito de cigarros en México comienza a encender las alertas tanto por el impacto en la recaudación fiscal como por los riesgos para la salud pública. De acuerdo con estimaciones de la industria tabacalera, el mercado ilegal podría representar cerca del 30 % del consumo nacional al cierre de 2026, lo que significaría una pérdida de alrededor de 23 mil millones de pesos en impuestos para el Gobierno Federal.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Gastón Zambrano Margáin, director de Asuntos Corporativos y Regulatorios para Latinoamérica y el Caribe de British American Tobacco (BAT), aseguró que el aumento en el comercio de cigarros de contrabando y productos falsificados se ha acelerado tras el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado desde enero de este año.
Según explicó el directivo, la tasa del IEPS pasó de 160 % a 200 %, lo que elevó el precio de los cigarros legales y provocó que una parte de los consumidores migrara hacia productos de origen ilícito, los cuales se comercializan a precios considerablemente más bajos porque evaden impuestos y controles sanitarios.
“Estamos observando que el mercado ilegal ya representa cerca del 30 % del consumo nacional y podría generar una evasión fiscal cercana a los 23 mil millones de pesos al cierre de 2026”, señaló Zambrano Margáin durante su participación en un encuentro con medios especializados.
Monterrey, el mercado más afectado
El representante de BAT destacó que Monterrey presenta actualmente el mayor nivel de comercialización de cigarros ilegales en el país.
De acuerdo con las estimaciones de la empresa, hasta el 70 % de los cigarros que se venden en el canal tradicional de la ciudad serían de procedencia ilícita, lo que equivale a aproximadamente 34 millones de cajetillas y una evasión fiscal cercana a 2 mil millones de pesos únicamente en la zona metropolitana al finalizar el año.
Aunque estas cifras corresponden a estimaciones elaboradas por la propia industria, diversos estudios coinciden en que el comercio ilícito de productos de tabaco ha aumentado en los últimos años.
El problema va más allá de la recaudación
Especialistas en comercio exterior y combate al contrabando advierten que el crecimiento del mercado ilegal no solo afecta los ingresos tributarios del país.
Los cigarros que ingresan por contrabando o son fabricados clandestinamente suelen comercializarse sin cumplir con la normatividad sanitaria establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que dificulta conocer su contenido, origen y condiciones de fabricación.
Además, al tratarse de productos fuera del mercado formal, no cuentan con los mecanismos de trazabilidad ni con los controles fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aumentan los impuestos, pero también el mercado ilícito
La industria tabacalera sostiene que el incremento en la carga fiscal ha incentivado el crecimiento del comercio ilegal.
Sin embargo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado que el aumento de impuestos continúa siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el consumo de tabaco, siempre que vaya acompañado de medidas efectivas contra el contrabando, fortalecimiento de las aduanas y una adecuada vigilancia del mercado.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS establece que el combate al comercio ilícito debe desarrollarse de manera paralela a las políticas fiscales para evitar que las organizaciones criminales aprovechen las diferencias de precios entre productos legales e ilegales.
Un desafío para autoridades y empresas
El crecimiento del mercado ilegal representa un doble desafío para México: por un lado, disminuye la recaudación de impuestos destinados al gasto público y, por otro, fortalece redes de contrabando que operan fuera de los controles gubernamentales.
Mientras la industria solicita reforzar las acciones de vigilancia y combate al comercio ilícito, las autoridades mantienen como prioridad las políticas de salud pública orientadas a reducir el consumo de tabaco.
El equilibrio entre ambas estrategias será uno de los principales retos para los próximos años.
