Gobierno federal propone límite a jubilaciones de altos funcionarios; plantea tope de 70 mil pesos mensuales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República una iniciativa de reforma para frenar las llamadas “pensiones doradas” que actualmente perciben exfuncionarios de alto nivel en distintas instituciones públicas.
La propuesta establece que ningún exservidor público podrá recibir por concepto de pensión más del 50% del salario mensual que percibe la titular del Ejecutivo federal, lo que se traduciría en un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales.
¿A quién aplicaría el límite?
De acuerdo con lo adelantado por Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la iniciativa ya fue turnada para su análisis en comisiones y posterior discusión en el pleno.
El ajuste impactaría a jubilados de organismos como:
• Banco de México
• Petróleos Mexicanos
• Comisión Federal de Electricidad
El objetivo, según el planteamiento, es homologar criterios y evitar que se mantengan esquemas de retiro que superan ampliamente los ingresos promedio del sector público y del propio Ejecutivo federal.
Exclusiones y debate
La reforma contempla excepciones. No se verían afectados los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a disposiciones constitucionales específicas que regulan sus percepciones, ni los integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro, cuyos esquemas de pensión se rigen por normativas especiales.
En el debate público, el tema ha cobrado relevancia por los casos de jubilaciones que alcanzan montos millonarios anuales, lo que ha generado cuestionamientos sobre equidad y sostenibilidad financiera.
Implicaciones fiscales
Especialistas en finanzas públicas señalan que, de aprobarse, la medida podría contribuir a contener presiones presupuestales en el largo plazo, aunque advierten que también podría enfrentar impugnaciones legales por derechos adquiridos.
La discusión en el Senado será clave para definir el alcance final de la reforma y determinar si el tope propuesto se mantiene en 70 mil pesos o sufre ajustes durante el proceso legislativo.